El
Ministerio de Justicia anunció este martes que ultima una reforma legal
para sustituir a los jueces del Registro Civil por registradores de la
propiedad, carrera de la función pública a la que pertenece Mariano
Rajoy aunque está en excedencia desde hace más de veinte años. Según un
comunicado del departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, los
registradores no cobrarán más retribución por este trabajo.
La
nota de prensa se produjo después de que la asociación progresista
Jueces para la Democracia emitiera otro comunicado denunciando
la inminente "privatización del Registro Civil, que va a perjudicar a la
mayoría de la población y va a beneficiar" a registradores y notarios,
que aprovecharán una inversión pública en estas oficinas de 128 millones
de euros.
"El
Gobierno está preparando el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de
los Registros", señala la organización en una nota, en la que añade que
"dejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los
registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles", así
como, en determinados trámites, de los notarios. "Hasta ahora el
Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter
gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad", señala JpD.
"Con
esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener
un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de
estado civil a los registradores de la propiedad y a los registradores
mercantiles", denuncia.
"Además,
serán los notarios los que tramiten y celebren los matrimonios
civiles, y los ciudadanos también tendrán que pagar por ello", añade.
Esta
privatización se produce, además, después de que "toda la sociedad haya
realizado recientemente un importante esfuerzo económico para
modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una
inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que "ahora
se aprovechará" para una gestión privada, "con efectos lucrativos para
sus gestores", denuncia JpD.
En
su comunicado, el Ministerio de Justicia responde que "la gestión del
Registro Civil seguirá siendo pública cuando se apruebe el anteproyecto
de Ley de Reforma Integral de los Registros en el que trabaja para
descongestionar los juzgados y tribunales".
Añade
que la modificación legal unificará todos los Registros,
desjudicializando el Civil de acuerdo a lo previsto en la Ley de 21 de
julio del Registro Civil, aprobada por el anterior Gobierno, cuya
entrada en vigor estaba prevista para 2014.
En
el texto en el que está trabajando el Ministerio figura que el Registro
Civil "quedará en manos de los registradores, que son funcionarios
públicos del Estado y que verán de esta forma aumentadas sus funciones
tradicionales, pero sin percibir una contraprestación económica por
ello. De hecho, el texto prevé que los actos habituales para los que se
recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos
y las actas de defunción, seguirán siendo gratuitos para los
ciudadanos".
Actualmente,
estas gestiones suponen aproximadamente el 60% de las realizadas en el
Registro Civil y otro 20% corresponde a trámites de nacionalidad, dice
Justicia.
Un
millar de registradores de la propiedad ya colaboran con el Ministerio
de Justicia para descongestionar las peticiones de nacionalidad que
llevaban un retraso de años, lo que provocó un atasco de 400.000
solicitudes y obligó a adoptar esta medida excepcional.
La
nota del Ministerio no detalla si el Registro Civil pasará a cobrar una
tasa por alguna de las gestiones que realiza, como, por ejemplo, la
emisión de una partida de nacimiento, actualmente gratuita, ya que sólo
dice que será gratis la inscripción.
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