Primera prueba de que el Registro Civil de los Registradores no será gratuito: hoy se aprobará por el Congreso el proyecto de Ley de Sefardíes que consagra el pago de aranceles en todos los expedientes de nacionalidad
Según informa el periódico El
Pais el Congreso de los
Diputados aprobará hoy la ley de nacionalidad para los sefardíes. Este proyecto,
como hemos ido informando desde este blog, no se limita a regular un acceso
privilegiado de los sefardíes a la nacionalidad española, sino que por vía de
enmiendas, introduciendo una nueva Disposición Adicional Cuarta y evitando de
esta forma los informes del Consejo de Estado y demás órganos por los que han de
pasar los proyectos de ley, introduce una nueva regulación del procedimiento de
adquisición de nacionalidad española con carácter general. Fraude de
procedimiento legislativo, podríamos denominar esta práctica habitual del PP,
sobre la que debería pronunciarse el Tribunal Constitucional.
El proyecto inicial establecía el pago de una
tasa de 75 euros por la tramitación electrónica del procedimiento de adquisición
de la nacionalidad española por los sefardíes, que ampliaba a todos los
expedientes de nacionalidad. Dado que los Registradores no pueden cobrar tasas
porque no son administración pública, el borrador final suprime esta tasa pero
"se sustituye por los costes arancelarios de notarios, registradores y el
Instituto Cervantes”, según informa el propio Director General de Registros y
del Notariado. Por lo tanto todos los ciudadanos extranjeros que quieran
adquirir la nacionalidad española tendrán que romper la hucha para pagar a los
Registradores por tramitarles la nacionalidad y al Instituto Cervantes por hacer
un examen de integración y otro de español salvo que sean de origen
iberoamericano o nacido en España. Esta es la prueba de la gratuidad del
registro civil de la que habla y se le llena la boca con ello el Ministro
Catalá. Un cálculo sencillo: a 100 € por expediente de nacionalidad para los
registradores, con unos 130.000 expedientes al año, la ganancia es de 13
millones de euros.El proyecto de Ley impone el uso de una
plataforma electrónica que, "conforme a lo previsto en la Ley del Registro
Civil, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España
deberá poner a disposición de los registradores y encargados de las Oficinas
Consulares, y que será aprobada por la Dirección General de los Registros y del
Notariado". Como lo más seguro es que esta plataforma electrónica será la
utilizada en el Plan Intensivo de Nacionalidad, pagada millonariamente a la
empresa Futurver, cuyo consejero delegado era asesor del anterior Director
General de Registros y del Notariado, cuadran el círculo y le dan al Colegio de
Registradores la posibilidad de rentabilizar los millones gastados. Así ganan
todos, Colegio de Registradores y Futurver, y pierden los ciudadanos, que son
los que acaban pagando.
Además este proyecto de Ley mete en la
tramitación de los expedientes de nacionalidad de los sefardíes a los Notarios,
que ojo también son funcionarios públicos porque así lo dispone el Reglamento
Notarial, y a los que habrá que pagar el arancel correspondiente como afirma el
Director General de Registros y del Notariado. Estos van a hacer las veces de
"oficina de presentación" de los escritos de los sefardíes y ante ellos tendrán
que comparecer éstos para acreditar su condición de sefardíes, para que luego
los Notarios emitan su juicio sobre si se entienden o no acreditada la condición
de sefardíes y eleven la propuesta de resolución al Ministerio de Justicia. Ello
implica una privatización inasumible de una parte del procedimiento de
nacionalidad pues las solicitudes se deberían tener que presentar todas ante los
Consulados, y no obligar a los sefardíes que quieran adquirir la nacionalidad
española a desplazarse a España dos veces, ante el Notario de su elección, una
para presentar la documentación que le acredite como sefardí y otra para jurar
la nacionalidad. Si hubiera que realizarse alguna tramitación en España deberían
realizarla los propios Registros Civiles y no los notarios, tal y como llegó a
proponer el propio Grupo Parlamentario del PP en sus enmiendas al articulado que
dejaba a los Notarios como oficina de presentación de documentos (vease
la enmienda 57, del PP) y que ahora, oh sorpresa, ha desaparecido del texto
final, para mantener una fase de instrucción completamente privatizada, en manos
de los Notarios, para así callar sus voces discrepantes relativas a la
privatización del Registro y poderse repartir entre Notarios y Registradores el
pastel del Registro Civil.
Catalá, ¿esto no es privatización? ¿ esto es lo
que entiendes por gratuito? ¡¡ Qué mentiroso que eres !!!!
BLOGSPOT-registrocivildetodos.
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