Numerosas son las
intervenciones del Ministro de Justicia en las que pregona el mantenimiento de
la gratuidad del servicio público del Registro Civil una vez sea entregado a
los registradores de la Propiedad.
No obstante sus
palabras sus hechos lo dejan al descubierto, y cada paso que el Ministerio da
en la privatización del registro Civil es un paso más que demuestra la falsedad
de sus palabras.
En el proyecto de ley
en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios
de España ya se establecía el pago de una tasa por importe de 75 euros por
tramitación de los procedimientos para la obtención de la nacionalidad española
por residencia, carta de naturaleza o dispensa y por los sefardíes, es decir,
dicha tasa es para todos los expedientes de nacionalidad.
En el Boletín Oficial
del Congreso de los diputados de 19 de febrero de se han publicado las
enmiendas al articulado de dicho proyecto de ley, presentando el partido
popular la enmienda 66, con el siguiente contenido:
Se modifica el
contenido de la disposición final tercera, que pasa a ser el siguiente:
Se habilita al Ministro
de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución
de lo establecido en esta ley, incluyendo la fijación y la gestión de los
aranceles para el cálculo de los honorarios registrales devengados por la
tramitación de los expedientes y hechos inscribibles previstos en esta Ley.»
Así pues, junto con el
pago de la Tasa, ahora el Ministerio ha introducido Aranceles (esto ya es
exclusivo para los registradores) tanto por la tramitación como por la
inscripción.
¿Dónde está esa
gratuidad garantizada que prometía el Ministro?
Ha desaparecido como
desapareció su sentido de la vergüenza cuando prometía por un lado una cosa
mientras que por otro lado, y a escondidas, negociaba la mercantilización de
los datos personales de los ciudadanos.
Se encuentran aún en
trámite parlamentario y en período de enmiendas las otras dos grandes leyes que
afectan a esta mercantilización del Registro civil y derecho de familia, como
son la ley de Jurisdicción voluntaria y la ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro
Civil, es de esperar más de lo mismo.
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