El pasado jueves 5 de julio, el Tribunal Constitucional portugués, por nueve votos a tres, declaró ilegal la supresión de las pagas extras a funcionarios y pensionistas decretada por el Gobierno del conservador Pedro Passos Coelho en octubre de 2011. El primer ministro, entonces, en una declaración solemne y televisada, anunció que los funcionarios y jubilados que cobraran más de 1.100 euros al mes, se quedarían sin paga extra hasta nuevo aviso. Los que cobraran entre 600 y 1.100 euros, la verían reducida.
Ahora, nueve meses y dos pagas extras escamoteadas después, la sentencia ha sacudido por entero al país, ya que pone en entredicho una de las medidas de ajuste más duras del Ejecutivo, casi el símbolo de su programa draconiano de recortes. Los jueces basan su decisión en que esta eliminación de pagas extras vulnera el principio constitucional de igualdad y, por tanto, es discriminatoria.
El tribunal, en su fallo, asegura: “Es indiscutible que con las medidas impugnadas, el reparto de sacrificios (...) no se lleva a cabo de igual manera entre todos los ciudadanos proporcionalmente según sus capacidades financieras (...), sino en aquellos que reciben su salario de organismos públicos”. Después, los jueces consienten en que la decisión de Passos Coelho, desde el punto de vista presupuestario y teniendo en cuenta la dramática situación económica en la que se encontraba (y encuentra) Portugal, es un recurso socorrido y útil: “Es innegable que en el actual contexto la medida se justifica por su eficacia a corto plazo”.
Pero la sentencia concluye que la decisión “sobrepasa” los “términos de la igualdad proporcional”, que por eso debe ser declarada ilegal, y añade: “[el objetivo de déficit] se debe alcanzar a través de medidas (...) que no se traduzcan en un reparto de sacrificios excesivamente desigual. (...) Cuanto mayor es el grado de sacrificio impuesto a los ciudadanos, mayores deben ser las exigencias de equidad y justicia en la participación de esos sacrificios”.
Con todo, el tribunal, apelando al complicadísimo estado de las cuentas públicas portuguesas y a los compromisos firmados con la troika, aclaró que las pagas extras ya eliminadas (la de Navidad de 2011 y la de verano de 2013), no serán devueltas. De ser así, según el tribunal, “se pondría en riesgo la financiación acordada y, por tanto, la solvencia del Estado”. Este apartado encrespó a algunos diputados de la oposición (entre los que se contaban algunos de los que habían interpuesto el recurso de inconstitucionalidad que derivó en la sentencia), que denunciaron, entre otras cosas, que en Portugal manda actualmente más la troika acreedora que la Constitución.
Con todo, los funcionarios portugueses no disfrutarán tampoco de sus futuras pagas extras por entero. El primer ministro, Pedro Passos Coelho, aseguró poco después de conocer la sentencia que la cumplirá, pero que también cumplirá con el objetivo de déficit y que buscará una solución más igualitaria para conseguir los 2.000 millones de euros al año que se recaudaban con la medida ahora tumbada por el Constitucional. E insinuó una probable y próxima supresión de pagas extras para todos los asalariados portugueses. Actualmente el Gobierno trabaja en eso. La respuesta se sabrá en otoño, cuando se discuta el presupuesto para el año que viene.
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