El Ministerio ha
manifestado que hay que “retocar” la Ley20/2011 del Registro Civil que entrará en
vigor en julio de 2017 (no habrá, más prórrogas ni vacatio legis), también reconoció
que hay que mejorar los programas y
medios informáticos.
Así mismo, mediante una
urgente negociación colectiva con los representantes sindicales el Ministerio
asume su predisposición a que sea el personal de la administración de justicia
quien siga asumiendo la llevanza de este servicio público, deberá constituirse
una oficina específica con personal allí destinado y con una relación de
puestos de trabajo propia y diferenciada del resto de la oficina judicial y
fiscal, tanto en los registros civiles exclusivos como en los radicados
actualmente en los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Mixtos o Juzgados de
Paz. Probablemente a cargo de un Letrado de la Administración de Justicia.
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