Los secretarios judiciales, ha reiterado Rafael Lara al Ministerio,
están en disposición de asumir la dirección de un Registro Civil de
calidad que podrá asegurar la gratuidad de este servicio público
esencial (dispone de datos sensibles que deben ser objeto de especial
protección y se tramitan expedientes que deben tener las máximas
garantías en su tramitación y resolución, en las que además deben
considerarse aspectos prácticos que solo los secretarios judiciales
pueden desempeñar con éxito y transparencia) sin necesidad de
incrementar su coste en los Presupuestos Generales del Estado (que ya
han soportado el coste de su digitalización) ni gravar al ciudadano con
más tasas ni abono de aranceles.
Por otra parte esta opción, la única viable desde los principios de
gratuidad, seguridad jurídica y transparencia, garantiza el 100% de los
puestos de trabajo. Entregar el Registro Civil a los Registradores
supondrá la reubicación de muchos funcionarios públicos y, tal vez, la
amortización de una parte de ellos.
Reiteramos que es difícil entender este golpe de timón en el tratamiento
del Registro Civil como servicio público cuando el propio PP, estando
en la oposición, votó favorablemente la nueva Ley 20/2011 de 21 de julio
del Registro Civil cuya entrada en vigor está próxima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario