Como sabéis, la Ley 27/2011, el famoso Pensionazo, por la que se modificó ampliamente la jubilación ordinaria, anticipada y parcial tenía previsto entrar en vigor el 1/1/2013.
Sin embargo, el RD-Ley 29/2012, entre otras cuestiones, ha decidido también suspender durante 3 meses la entrada en vigor de la Ley 27/2011 en materia de jubilación anticipada y parcial.
Además de lo anterior, el RD-Ley 29/2012, suspende las disposiciones adicionales 27 y 34 de la Ley 27/2011, las cuales obligaban a que el gobierno estudiara, respectivamente, la viabilidad de aplicar la jubilación anticipada y parcial a los trabajadores autónomos.
¿Cuál es el motivo de la suspensión?El preámbulo del RD-Ley, justifica la suspensión del sistema de jubilación anticipada y parcial previsto en la reforma de 2011, en la necesidad de reformar de nuevo sus reglas.
Debido a esto, el RD-Ley 29/2012 aprueba la susodicha suspensión, ya que carece de sentido que el 1 de enero hubieran entrado en vigor unas reglas que, a los pocos meses, iban a ser derogadas y sustituidas por otras nuevas.
Debido a esto, el RD-Ley 29/2012 aprueba la susodicha suspensión, ya que carece de sentido que el 1 de enero hubieran entrado en vigor unas reglas que, a los pocos meses, iban a ser derogadas y sustituidas por otras nuevas.
La suspensión durará 3 meses a contar desde la entrada en vigor del RD-Ley, es decir, la suspensión va del 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2013.
Esto supone que, durante estos tres meses, se van a aplicar unas reglas de jubilación anticipada y parcial más ventajosas que las previstas por la reforma del 2011.
Sin embargo, nos tememos que cuando termine esta suspensión estén ya aprobadas las nuevas medidas que prepara el gobierno para la primavera, y que las mismas serán aún más restrictivas que las aprobadas en 2011.
La suspensión afecta especialmente a la jubilación parcial y a la anticipada.
En el documento adjunto podréis comprobar los requisitos y las reglas generales de ambas modalidades.
Respecto a las pensiones de CLASES PASIVAS, y a día de hoy, todavía sigue vigente la posibilidad de jubilación voluntaria para aquellos funcionarios y funcionarias acogidos al Régimen de Clases Pasivas (tanto en activo como en excedencia) que tengan 60 años de edad y acrediten 30 años de servicios efectivos al Estado.
Pero como el río, cuando suena, agua lleva, nos tememos que los rumores que circulan estos últimos días sobre la existencia de un informe en el Parlamento que cuestiona la viabilidad económica de este tipo de jubilación anticipada y voluntaria, parecen indicar que en las próximas convocatorias del Pacto de Toledo éste será uno de los nuevos recortes de derechos que el Gobierno pretenda imponer y a los que por desgracia parece que empezamos a acostumbrarnos.
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