La plataforma Concordia, que aglutina a un total de 200 notarios y 100 registradores, envía una carta a todos los fedatarios de ambos colectivos de toda España para aunar fuerzas contra el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que incluye, entre otras medidas la reforma del Registro Civil.
Notarios y registradores, dos colectivos habitualmente enfrentados, tienen ahora un objetivo común: lograr que el Ministerio de Justicia recapacite ante la reforma del sistema registral, cuyo borrador no ha sido aprobado aún. Aunque por distintas razones, ambos colectivos ponen pegas a la nueva regulación que dará un importante giro al sistema de seguridad jurídica preventiva vigente en España.
En el caso de los registradores, las opiniones están más divididas, pero son muchos los registradores de base que se oponen a medidas como la de asumir la gestión del Registro Civil, como así lo han venido manifestando.
La preocupación ha llevado a que la única plataforma que acoge a miembros de ambos cuerpos, Concordia, envíe un comunicado masivo a los 3.000 notarios y 1.000 registradores de toda España manifestando su oposición a una reforma que, según denuncian, ha sido elaborada "sin consenso entre todos los operadores implicados". Denuncian que el texto que se maneja ha abierto "numerosos frentes" y creado "tensiones y suspicacias".
Aunque Concordia valora positivamente que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya ralentizado el proyecto, creando un grupo de trabajo, con participación de notarios, registradores y representantes de la Administración para la reconsideración del texto inicial, muestra su clara disconformidad con la reforma y pide que la revisión no se limite a mejoras técnicas o aspectos parciales, "lo que sería un grave error".
En definitiva, exigen que se elabore "un texto nuevo, partiendo de unos planteamientos más realistas, que tenga en cuenta los problemas actuales de nuestro sistema", y que ello se haga "sin romper los equilibrios ni alterar las funcionalidades de nuestro reconocido sistema de seguridad jurídica preventiva". Concluyen su carta ofreciéndose a trabajar para "proponer consensuadamente soluciones útiles para la sociedad", con lo que insinúan que la actual reforma que se plantea no lo es.
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