Protestan por la
aplicación de las nuevas y polémicas tasas judiciales.
También por la reforma
del órgano de gobierno de los jueces (el CGPJ).
Todas las asociaciones
la secundan, salvo dos de las conservadoras.
La
protesta se alza contra medidas como las nuevas tasas judiciales o la reforma
del Consejo General del Poder Judicial, así como los cambios en el Registro
Civil. Apoyan la huelga la Unión Progresista de Fiscales y las asociaciones de
jueces Francisco de Vitoria, Jueces por la Democracia y Foro Judicial
Independiente.
Los
portavoces judiciales dicen que la reforma del CGPJ cuestiona la separación de
poderes del Estado Los portavoces judiciales han considerado que la reforma del
CGPJ implicará que el Gobierno se arrogue para sí el gobierno de los jueces, lo
que supone una crisis institucional que cuestiona la separación de poderes y la
independencia judicial, en palabras de Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para
la Democracia.
Respecto
a las tasas judiciales, que imponen pagos por acceder a la jurisdicción civil a
los ciudadanos, y no solo a las organizaciones o empresas (como sucedía hasta
la reforma), jueces y fiscales han señalado que el número de litigios parece
haber descendido desde su aprobación en un 25%.
Esto
supone que ese número de ciudadanos no ha podido acceder a la tutela judicial,
lo que es un precio demasiado alto para evitar el colapso de los tribunales,
han expresado, antes de pedir que una solución alternativa, como serían más
medios personales y materiales. Esto se concreta, entre otros puntos, en que no
se supriman los jueces y fiscales sustitutos.
Un
sector en 'pie de guerra'
La
reforma de Código Penal —con la introducción de la prisión permanente revisable
y la llamada custodia de seguridad, entre otros cambios— es una de las medidas
que más reacciones en contra han suscitado.
Las
nuevas tasas judiciales aprobadas por el Gobierno han despertado también
indignación no solo entre abogados y jueces, sino también entre la población en
general.
La
ley fija en lo civil una tasa de 300 euros por un recurso ordinario y 800 por
un recurso de apelación y 1.200 por el de casación. En lo
contencioso-administrativo el recurso ordinario son 350 euros. Mientras, en lo
social, el recurso de suplicación son 500 euros y el de casación, 750 euros.
El
desacuerdo con las nuevas leyes en Justicia ha sido prácticamente unánime entre
casi todos los sectores implicados, que consideran que perjudican sus
condiciones de trabajo, pero también el servicio que se presta al ciudadano.
Por un lado, los profesionales temen la privatización de la gestión de los
servicios; por otro, la modificación del sistema de suplencias.
Noticias de prensa de hoy.
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