REUNION CON EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DE LA CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR
El
pasado día 9 de febrero estaba previsto que se celebrara una reunión
entre los Sindicatos presentes en la mesa sectorial de justicia con el
Director General de Infraestructuras de la Consejeria de Justicia como
responsable de la implantación del proyecto “PAPEL 0” en nuestra
Comunidad, reunión que fue pospuesta al ser requerido el mismo en la
misma fecha por el Ministro de Justicia a fin de evaluar el nivel de
implantación de dicho proyecto en Andalucía y el estudio y discusión de
los problemas derivados de esa implantación. Finalmente dicha reunión
Sindicatos-Director General se pudo celebrar el 15 de Febrero. Como todos sabéis fue la Ley 18/2011 dictada por el Gobierno de la Nación (siendo Presidente José L. Rodríguez Zapatero), la
que estableció la fecha del 7 de julio de 2016 para dar cumplimiento al
objetivo de “papel 0” en la administración de Justicia, proyecto que se
empezó a fraguar desde febrero de 2015, si bien no fue hasta octubre
del pasado año cuando el Ejecutivo Central (en esta ocasión dirigido por
Mariano Rajoy) confirmo el adelanto de esta fecha para el 1 de enero de
2016 con los consiguientes problemas que ello ha acarreado.
Por tanto, es el Ministerio de Justicia el que provoca el “MONUMENTAL
FIASCO” en que se ha convertido este proyecto de
modernización de la Justicia a través de la implantación del “Papel 0”
al anticipar su entrada en funcionamiento antes de las pasadas
elecciones generales, seis meses antes de lo previsto, ya que impuso la
utilización de un nuevo sistema de trabajo que estaba claramente
inacabado y mal diseñado, pues si bien Lexnet se viene utilizando desde
2004 (2009 en Andalucía), lo era únicamente para las notificaciones a
Procuradores, mientras que dada la envergadura de este nuevo proyecto,
que incluye la presentación telemática de demandas y escritos, debiera
haberse realizado un rodaje previo del mismo, con una implantación
limitada como experiencia piloto y circunscrita a un solo partido
judicial poco conflictivo del propio ámbito gestionado por el Ministerio
de Justicia, para después y una vez pulidos y corregidos los problemas
que surgiesen, haber extrapolado el proyecto a ámbitos geográficos
superiores.
Por su parte la
propia Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha reconocido
que no estaba preparada para esto y que se está produciendo una
ralentización de la justicia, en gran parte por falta de previsión y de
inversión de la Administración andaluza.
Son escasos los medios aportados por la Junta de Andalucía para llevar a buen puerto el proyecto ministerial, y por eso desde SPJ-USO le hemos instado a la Consejeria de Justicia que de solución a los siguientes problemas:
--Insuficiencia
de formación a funcionarios y operadores jurídicos (abogados,
procuradores, graduados sociales, etc.…). En algunos casos se cuenta con
una sola persona en toda la provincia, como ocurre en Cádiz o Granada,
para impartir esta formación y resolver las innumerables incidencias
registradas. Esta formación además de ser escasa, es de baja calidad y
en algunos partidos judiciales esta previsto que se de a finales de este
mes de febrero o marzo, con lo cual llega tarde y mal.
--Escasez
de técnicos informáticos cualificados para resolver las incidencias y
consultas, ya que no se ha aumentado el personal dedicado a estas
funciones, a pesar de que no era muy descabellado pensar en la oleada de
incidencias que se iban a producir.
--
Falta de medios personales, pues se tenían que haber reforzados las
oficinas de registro y reparto de los distintos Decanatos, sobre todos
en las capitales de provincia.
--Precariedad
en los medios materiales, sobre todo medios electrónicos, ya que los
Servidores informáticos son de limitada capacidad y una banda ancha muy
escasa para el trafico de datos existentes; ausencia de doble pantalla
en muchos puestos de trabajo en los que es imprescindible como en los
Decanatos; ausencia de ordenadores en las salas de vista que impide a
los jueces visualizar los procedimientos durante los juicios, lo que
obliga a su impresión.
--Falta
de coordinación y de instrucciones o protocolos a seguir tanto por los
profesionales de los cuerpos al servicio de la Administración de
Justicia como por el resto de operadores jurídicos intervinientes en
este proyecto.
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