Conferencia Sectorial. Nota
del Ministerio.
Catalá garantiza a las
Comunidades Autónomas que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito
*Asegura
que los funcionarios no perderán sus puestos de trabajo
*Defiende
que los autos y expedientes judiciales se puedan destruir seis años después de
la resolución del proceso
*Este
año habrá 2.026 nuevas plazas para la Administración de Justicia, en la mayor
Oferta de Empleo Público de los últimos años
*Se
destinarán seis millones de euros a las Comunidades Autónomas para asistencia
jurídica gratuita y nuevas tecnologías
*Señala
la Justicia digital como uno de los principales objetivos para 2016
8 de abril de 2015.- El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado hoy a los representantes de
las doce comunidades autónomas con competencias transferidas, que han asistido
a la Conferencia Sectorial celebrada en la sede del Ministerio, los principales
proyectos normativos que está impulsando el Gobierno una vez que han sido
aprobados por el Consejo de Ministros y empieza su andadura parlamentaria.
Catalá se ha centrado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción
Voluntaria y la reforma del Registro Civil.
En torno a la reforma
de la LOPJ, el ministro ha dejado constancia de la necesidad de que, una vez
cumplidos los trámites oportunos y con las debidas garantías procesales, las
Administraciones con competencia en la materia puedan destruir autos o expedientes
judiciales, una vez constatada la falta de utilidad de los mismos,
transcurridos seis años desde la resolución del proceso. Una medida que no se
aplicará a los expedientes relativos a causas penales por estar sujetos a
plazos más largos de prescripción.
El titular de Justicia
les ha expuesto, además, la Oferta de Empleo Público aprobada por el
Gobierno para 2015, la mayor de los últimos años de crisis económica, en la que
se contemplan 2.026 plazas para la Administración de Justicia, que permitirán
la consolidación de empleo, favorecerán la promoción interna y contribuirán a
la profesionalización de los juzgados y tribunales. La Oferta de Empleo Público
permitirá convocar plazas en los distintos Cuerpos Nacionales, entre
secretarios judiciales, médicos forenses, facultativos del Instituto Nacional
de Toxicología y Ciencias Forenses, Gestión procesal, Tramitación procesal y
Auxilio judicial.
Rafael Catalá ha
recordado que éste es el primer año que el Ministerio cuenta con un incremento
en su presupuesto de un 1,20% sobre las cuentas del año pasado, ascendiendo a
1.475,56 millones de euros, lo que va a permitir destinar 77,5 millones de
euros a recursos materiales y humanos. De ellos, una partida extraordinaria
de seis millones irá a parar a las Comunidades Autónomas con competencias
en materia de Administración de Justicia para colaborar a una mejor
implementación de la prestación de la asistencia jurídica gratuita, favorecer
el impulso y la implantación de las nuevas tecnologías y mejorar la dotación de
medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial.
En cuanto al Registro
Civil, ha explicado que su llevanza se encargará a los registradores, lo
que no supone una privatización puesto que son funcionarios públicos. Asimismo,
ha asegurado que la reforma garantiza la gratuidad de todos los servicios para
el ciudadano y que el cambio en su gestión conlleva el mantenimiento de los
puestos de trabajo de todos los funcionarios, fijos e interinos.
En el marco del
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ministro ha
destacado el concepto de Justicia digital, con el objetivo de conseguir
el papel cero en juzgados y tribunales. Para ello se ha fijado el próximo 1 de
enero de 2016 como fecha a partir de la cual será obligatorio el uso de
sistemas telemáticos para los profesionales de la Justicia y los órganos
judiciales en la presentación de escritos y documentos.
En la aspiración de
conseguir una Justicia cada día más abierta, Rafael Catalá ha recordado que se
van a modificar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que sean
necesarios para permitir que las nuevas tecnologías de la información sean el
medio normal de comunicación entre órganos judiciales y ciudadanos. Asimismo,
se trabaja en la remisión electrónica de requisitorias a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, algo que ya funciona desde el mes de enero en el envío
de sentencias a Tráfico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario