El
Ministro de Justicia confirma que derogará, como exigía SPJ-USO, en el
plazo de una semana, las disposiciones adicionales de la Ley 18/2014 y las
análogas del Real Decreto Ley 8/2014, relativas a la privatización del Registro
Civil mediante su entrega a los Registradores, introduciendo las
correspondientes modificaciones en la ley de medidas de reforma administrativa
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil (ésta en
fase de enmiendas ampliada hoy otra vez hasta el próximo 5 de mayo).
También
se accede a lo solicitado por SPJ-USO, la ampliación de la vacatio legis de la
entrada en vigor de la Ley 20/2011 hasta como mínimo julio o diciembre, y se
compromete a estudiar la propuesta sindical para que el plazo llegue
hasta julio 2017.
Aboga por una “reforma pactada y consensuada” del Registro Civil
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abogado hoy por una reforma
del Registro Civil “pactada y consensuada” con todas las partes
implicadas, una vez que el Gobierno ha aparcado su plan de entregar su
gestión a los registradores, rechazado por la mayoría del sector.
Catalá ha respondido así a una pregunta del senador del Grupo Mixto
Jesús Iglesias sobre si Justicia renuncia definitivamente a su
propuesta, después de que los sindicatos hayan asegurado que así se lo
ha comunicado el titular de Justicia en una reunión celebrada esta
mañana. El ministro se ha limitado a señalar que ante el “grado de
discrepancia” en torno a este asunto, el Ejecutivo pretende llevar a
cabo una “reforma pactada, consensuada y desde el diálogo” con las
comunidades autónomas, sindicatos y profesionales del sector, sin
aclarar si eso significa el abandono definitivo de su propuesta. No
obstante, Catalá ha destacado el compromiso del Gobierno por un Registro
Civil público, telemático y gestionado por funcionarios públicos. “A
eso no vamos a renunciar”, ha agregado. Por su parte, Iglesias se ha
mostrado “escéptico” con el anuncio del propio ministro el pasado
viernes. “Si están comprometidos con ese consenso es imprescindible la
derogación de la reforma”, ha dicho. Además, el senador ha abogado por
buscar alternativas dentro de la propia administración de Justicia a la
reforma, pese a que la norma aprobada en 2011 prevé la
desjudicialización de los registros. Precisamente esta mañana Justicia
se ha reunido con los principales sindicatos del sector para buscar
alternativas a la reforma del Registro Civil. Fuentes ministeriales
han explicado a Efe que el encuentro ha servido para escuchar a los
sindicatos y transmitirles la renuncia definitiva a la fecha del 15 de
julio como plazo previsto de puesta en marcha de la reforma. Justicia
ha trasladado a las partes que ha aparcado temporalmente su propuesta
para buscar un consenso, si bien eso no significa que se abandone
definitivamente su planteamiento.
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