La modernización de la Justicia
es uno de los grandes temas que deberá abordar necesariamente todo proceso de
transformación política y social del Estado español.
Eliminar jurisdicciones
especiales como la militar y la Audiencia Nacional, así como potenciar la
educación ciudadana sobre los valores constitucionales que han de guiar la
función judicial, son aspectos que deberán ser abordados en la reforma de la
Justicia.
Para
que los cambios que está viviendo España -y los que tendrá que vivir en los
próximos meses y años- se consoliden necesariamente habrá de abordarse el
cambio en la Justicia. Básicamente habrá de transitar de un sistema apegado a
viejas tradiciones para adaptarlo a otro que cumpla una función básica como es
la de actuar de contrapeso de otros poderes del Estado afianzando; dicho en
otros términos, responder a lo que debe ser una auténtica separación de
poderes.
Cambiar
la Administración de Justicia no pasa, exclusivamente, por dotarla de nuevas
normas procesales, como pretenden hacernos creer quienes quieren que todo
cambie para que no cambie nada, sino que su auténtica modernización debe venir
de la mano de una transformación radical de la forma de entender y abordar lo
que es el impartir Justicia.
El
mecanismo de acceso a la carrera judicial, así como la formación de quienes han
de impartir Justicia, está anticuado y anquilosado, por lo que genera una serie
de disfunciones que repercuten, directamente, en la calidad del producto. Para
poder impartir justicia, de aquella que se escribe con mayúsculas, se ha de
poseer una determinada formación que, necesariamente, ha de estar acompañada de
un recorrido técnico, práctico y vital que permita mejorarla y acercarla al
ciudadano, manteniendo instrumentos reales de formación y motivación
continuada.
Es
decir, no puede ser que el mayor mérito que exista a la hora de acceder a la
carrera judicial sea el contar con una memoria privilegiada. Memorizar sin
comprender o sin contextualizar no debe ser la base de acceso a una profesión
tan relevante como la de juez.
Quienes
quieran acceder a impartir Justicia necesariamente deberían estar educados en
profundos valores democráticos que no se demuestran por una certera
memorización de los artículos de la Constitución que garantizan los derechos
fundamentales de todo ciudadano. Han de tenerlos interiorizados y, de elegirse
ese modelo, demostrados en el ejercicio profesional previo al acceso a la
judicatura, porque los jueces no nacen sino que se hacen.
También,
y como se viene demostrando en los últimos años, parece necesario dotar a la
Administración de Justicia de un " gobierno de los jueces" que sea
auténticamente independiente del poder político para que el acceso, no solo a
ese órgano, sino a las altas magistraturas sea por méritos y no por cuotas de
poder político. La Justicia no sólo ha de ser independiente sino que también
debe parecerlo, especialmente cuando ha de actuar en contra de quienes ostentan
cuotas elevadas de poder político.
No
creo necesario adentrarme en un análisis de todos aquellos casos en que se ha
revelado que los equilibrios políticos han condicionado las decisiones y el
trabajo del gobierno de los jueces. Las críticas no sólo vienen de la
ciudadanía sino, también y especialmente, de los propios jueces.
Otro
de los cambios relevantes, de cara a contar con una Administración de Justicia
y una Justicia del siglo XXI, pasa por dotarla de unos instrumentos procesales
acordes con las actuales necesidades de la sociedad; es decir, modernizar los
diversos procesos que rigen la aplicación práctica del Derecho teniendo
presente que el Derecho procesal penal no es más que Derecho constitucional
aplicado.
Usaré
como ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, promulgada el 14 de septiembre
de 1882. Muchas de sus normas, en su interpretación literal, son contrarias a
la Constitución, de manera que solo la buena voluntad y el esfuerzo
interpretativo salvan lo que sería una auténtica derogación implícita de gran
parte de su articulado.
Llevamos
años escuchando sobre posibles cambios pero, hasta ahora, lo que no ha existido
es una auténtica voluntad modernizadora que no pasa por la aprobación por
mayoría absoluta de uno u otro proyecto, sino por el consenso de dotarnos de
unas normas procesales modernas que sirvan, al mismo tiempo, de garantía para
todo justiciable.
Algunos
de los cambios que se proyectan -dentro de lo que es una política de remiendo
que no de cambio- no dejan de resultar preocupantes, porque tienen mucho más
que ver con el deseo de controlar, para que nada cambie, que con el de
modernizar la Administración de Justicia.
Básicamente,
lo que se necesita es construir modelos procesales modernos que sirvan para
encausar la aplicación práctica de las garantías constitucionales, de forma que
se reduzca al máximo la arbitrariedad y que los errores judiciales sean
reconducibles evitando, de esa forma, casos tan sangrantes como los descritos
en el documental " Ciutat Morta".
Este
proceso de modernización y transformación de la Justicia tendrá,
necesariamente, que venir acompañado de una dotación presupuestaria permanente
que lo haga viable. Tan importante resulta invertir en educación y sanidad como
en Justicia.
La
actual situación de los juzgados y tribunales españoles hacen que el impartir
Justicia, o el que funcione la Justicia, sea una cuestión más de voluntad, de
los propios jueces y los profesionales del ámbito de la Justicia, que de
medios.
Pero
un proceso integral de cambio pasa, también, por la eliminación de
jurisdicciones especiales como la militar o la de la Audiencia Nacional y su
sustitución por jueces especializados dentro de los órganos judiciales
ordinarios y naturales, que es un concepto totalmente distinto.
Finalmente,
un proceso de estas características no estará completo si no va acompañado de
un proceso de educación ciudadana sobre los valores que han de regir y guiar la
impartición de Justicia. Esto significa educar al ciudadano no solo sobre sus
propios derechos sino, también y específicamente, sobre los derechos de
aquellos que se enfrentan a la Justicia y, especialmente, a los que se ven
inmersos en procesos penales.
Obviamente,
nada se conseguirá si los ciudadanos no están formados y preparados para
creerse conceptos tan básicos como " presunción de inocencia", "
derecho a no declararse culpable", " derecho de defensa", "
derechos a un proceso con las debidas garantías", " derecho a la
libertad personal" o " indubio pro reo".
Para
que tenga una mínima garantía de éxito, la modernización de la Justicia deberá
producirse de forma bidireccional. En ello los medios de comunicación podrán y
deberán jugar un gran papel asumiendo, como regla informativa, los principios
constitucionales antes expuestos y evitando juicios paralelos y presunciones
contra reo que sólo sirven para debilitar a la propia Administración de
Justicia.
Lo
peor que le puede suceder a una sociedad que está volcada en generar un cambio
de régimen es no ser capaz de identificar las grandes áreas que han de
abordarse para asentar y consolidar dicho cambio. Qué duda cabe que la modernización
y democratización de la Justicia es prioritaria, porque sin Justicia de calidad
no hay futuro. ELDIARIO.ES
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