Ninguna persona física tendrá que
pagar una tasa por iniciar un procedimiento judicial ni por recurrir una
sentencia de primera instancia. Tras algo más de un año en vigor el Gobierno ha
decidido suprimir las tasas en todos los órdenes jurisdiccionales que estaban
gravados con ella: Civil, Social y Contencioso-administrativo. Aunque el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solo ha aludido en su discurso a una
«revisión del sistema de tasas», en la recopilación de las medidas que
Presidencia ha enviado a los medios (el desarrollo de las pinceladas que ha
dado el jefe del Ejecutivo) se especifica en qué consiste esta revisión.
La imposición de tasas judiciales
en diciembre de 2013 por el anterior ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, generó un enorme rechazo social, al ser la primera vez que se
obligaba a las personas físicas a pagar hasta 1.200 euros (en el caso de un
recurso de casación ante el Tribunal Supremo) por acceder a la Justicia. La
movilización en la calle y la insistencia de colectivos como la Abogacía han
dado sus frutos y han obligado al Gobierno a rectificar una de las medidas polémicas
de esta legislatura.
Junto con la supresión de las
tasas, Rajoy ha anunciado también otras medidas que afectan a la agilización de
la Justicia, como los límites a los plazos de instrucción que prevé la Ley de
Enjuciamiento Criminal (seis meses prorrogables a 18) o reformas en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, donde se fomentará el uso de las nuevas tecnologías para
las comunicaciones con profesionales y los ciudadanos. abc
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