El dia 12 de agosto se publicó en la web de PUBLICO.ES, el siguiente articulo:
Junto
a los fiscales, celebraran juntas simultáneas el próximo 21 de
septiembre para decidir las medidas de presión que adoptarán
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha anunciado que
en septiembre se celebrarán juntas de jueces y fiscales en toda España
para decidir qué medidas de presión se adoptan ante el recorte salarial
en el sector público, entre las que no descartan la
convocatoria de una huelga. En una entrevista con Efe, Bosch considera
que las medidas emprendidas por el Gobierno para paliar el déficit
suponen "el desmantelamiento del Estado social" y hacen que las
consecuencias de la crisis financiera recaigan sobre los sectores más
vulnerables de la sociedad.
Un
punto de vista compartido, según el portavoz de JpD -de corte
progresista-, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, que "de
manera unitaria" han rechazado los recortes en el sector público y por
lo que el próximo 21 de septiembre está previsto que se celebren juntas
de forma simultánea en todo el país. "Es una medida no habitual que anuncia cierta presión", apunta Bosch,
que indica que entre las opciones que se están valorando -aún no
planteadas formalmente- estudian realizar concentraciones a las puertas
de los sedes judiciales, la suspensión de señalamientos de juicios,
paros parciales o la convocatoria de una huelga.
Considera
que en el contexto actual se dan las circunstancias para ejercer esos
derechos "con cierta firmeza", ya que "en muy pocos meses" el Ejecutivo
ha puesto en marcha medidas que limitan los derechos fundamentales "con una gravedad que no tiene precedente en las últimas décadas". Y
esto, a su juicio, supone estar pasando "de un sistema que refleja
cierto igualitarismo a un modelo de enormes desigualdades sociales", en
el que se rompe con criterios de protección social y se protegen los
intereses de "determinadas minorías, como pueden ser las entidades
bancarias y las grandes empresas".
Para
Bosch, a estas minorías no se les exigen los mismos sacrificios que se
están reclamando a otras capas de la población que ven recortados sus
derechos reconocidos legalmente. "Ante
esto solo caben dos alternativas: aceptar estos recortes de derechos de
forma resignada o ejercer de forma crítica una serie de derechos como
el de manifestación, libertad expresión y en última
instancia el de huelga", defiende el portavoz de JpD, que también
censura que el Gobierno "no aporte alternativas a esta situación".
El Gobierno acalla las protestas
Por otra parte, Bosch ha criticado también las reformas legislativas del Código Penal anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como la cadena perpetua revisable, el endurecimiento del vandalismo callejero, la multirreincidencia o la modificación de la ley del aborto. "Se trata de reformas propias del populismo punitivo que no atajan los problemas reales y que lo que buscan realmente es distraer a la sociedad a través de golpes de efecto y de titulares", ha opinado. El grado de dureza de la legislación penal española es "más que suficiente" y lo demuestra, según JpD, el hecho de que con una de las más bajas tasas de delincuencia de la Unión Europea, España tiene uno de los mayores porcentaje de población reclusa.
Como
ejemplo, cita Bosch, los desórdenes públicos que se puedan cometer en
actos de protesta, que "ya tienen respuesta" en el Código Penal, y cree
que su endurecimiento y tipificar como delito medidas pacíficas de
protesta, muestra la intención del Ejecutivo. "En
vez de intentar convencer a la población sobre la hipotética bondad de
las medidas anunciadas, el Gobierno pretende silenciar las formas
críticas de protesta y endurecerlas para disuadir al ciudadano de que participen en determinadas manifestaciones", apunta.
Sin embargo, Bosch echa de menos que en casos como los de la delincuencia económica haya una "respuesta penal más clara" ya que generan graves daños a la sociedad, y
en cambio sí se actúe sobre otras acciones que requerirían una
intervención social para poder evitarlas, como los delitos contra la
propiedad intelectual. "El modelo genérico del Gobierno en estos asuntos
parece que es el paso del Estado social a un Estado penal de forma que
se criminaliza la pobreza", ha concluido.La noticia directa pincha aqui
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