C.Guindal 26/08/2012 (06:00h) EL CONFIDENCIAL.
La carrera judicial prepara la batalla contra el Gobierno en general y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en particular, por la “precaria” situación que viven gran parte de los jueces españoles. El próximo 21 de septiembre las Juntas de jueces se reunirán en todo el territorio nacional para decidir qué medidas llevarán a cabo para presionar al Ejecutivo. Y no se descarta ninguna.
Desde los decanatos sostienen que entre las opciones se plantea desde una huelga indefinida hasta movilizaciones, paros parciales, limitaciones en los señalamientos, reducción de las horas de audiencia pública y de horarios en general. Los jueces tienen la potestad de organizar su agenda de vistas y declaraciones y ése será su punto fuerte para ralentizar la justicia hasta que el Gobierno no les escuche.
La carrera judicial lleva años reclamando mejoras en el servicio, aumento de efectivos o modernización de las tramitaciones e instalaciones, sin recibir, según las asociaciones y los decanatos, ninguna respuesta positiva. El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés como consecuencia de la falta de medios y la descoordinación entre juzgados, provocó la primera huelga de jueces de la historia de la democracia española, con Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.
Ahora, Ruiz Gallardón podría sufrir la segunda, con unas consecuencias devastadoras. A los problemas que en su día llevaron a los jueces a la calle ahora se suma, según los integrantes de las Juntas, una reducción notable en su salario, la supresión de oposiciones por lo menos para 2012 que congelará el número de jueces en activo y la reforma anunciada por el ministro del Consejo General del Poder Judicial, que va a dejar al órgano de los jueces como una institución “prácticamente sin funciones y al servicio del Gobierno”, y que afectará al conjunto del Poder Judicial.
Fuentes de este órgano reconocen que con la modificación anunciada por Ruiz Gallardón la situación es delicada y preocupa la reacción que puede generarse no sólo desde dentro de la institución, sino en la carrera judicial al completo.
Otras fuentes jurídicas aseguran que el 100 por cien de la carrera judicial está “totalmente indignada” y exige tomar medidas y actuar. Alguna de las asociaciones de jueces, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se está mostrando algo más cauta y pide tranquilidad ante una posible huelga, postura no compartida con la progresista Jueces para la Democracia (JpD), que no descarta esta medida de presión. Sin embargo, la decisión no va a ser de las asociaciones sino de las Juntas que se celebren en septiembre, como ocurrió en la primera huelga. Entre todas, se pactará un texto y se actuará en consecuencia.
La anterior huelga le costó el cargo a Fernández Bermejo. Uno de los principales reclamos de los jueces es la modernización de la Justicia, que agilice su trabajo y se coordinen las decisiones entre todos los juzgados y audiencias de toda España. La famosa oficina judicial iba a aliviar estos problemas, y sin embargo ha resultado ser un fiasco, entre otras cosas porque han instalado sistemas informáticos incompatibles entre comunidades autónomas. Se trata de una patata caliente en manos de Ruiz Gallardón, que con las tensiones en la carrera judicial a flor de piel, puede estallarle en cualquier momento.
Las asociaciones reclaman que el titular de Justicia se siente con ellas y negocie algunos de los recortes planteados por el Ejecutivo. De no ser así, las consecuencias serán más graves. A toda esta situación, se añade la decisión del Ministerio del Interior de retirar las escoltas a los jueces, magistrados y fiscales de órganos delicados por los tipos de asuntos que tratan como la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y una rebaja significativa en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de Navarra.
Desde los decanatos sostienen que entre las opciones se plantea desde una huelga indefinida hasta movilizaciones, paros parciales, limitaciones en los señalamientos, reducción de las horas de audiencia pública y de horarios en general. Los jueces tienen la potestad de organizar su agenda de vistas y declaraciones y ése será su punto fuerte para ralentizar la justicia hasta que el Gobierno no les escuche.
La carrera judicial lleva años reclamando mejoras en el servicio, aumento de efectivos o modernización de las tramitaciones e instalaciones, sin recibir, según las asociaciones y los decanatos, ninguna respuesta positiva. El asesinato de la pequeña Mari Luz Cortés como consecuencia de la falta de medios y la descoordinación entre juzgados, provocó la primera huelga de jueces de la historia de la democracia española, con Mariano Fernández Bermejo como ministro de Justicia.
Ahora, Ruiz Gallardón podría sufrir la segunda, con unas consecuencias devastadoras. A los problemas que en su día llevaron a los jueces a la calle ahora se suma, según los integrantes de las Juntas, una reducción notable en su salario, la supresión de oposiciones por lo menos para 2012 que congelará el número de jueces en activo y la reforma anunciada por el ministro del Consejo General del Poder Judicial, que va a dejar al órgano de los jueces como una institución “prácticamente sin funciones y al servicio del Gobierno”, y que afectará al conjunto del Poder Judicial.
Fuentes de este órgano reconocen que con la modificación anunciada por Ruiz Gallardón la situación es delicada y preocupa la reacción que puede generarse no sólo desde dentro de la institución, sino en la carrera judicial al completo.
Otras fuentes jurídicas aseguran que el 100 por cien de la carrera judicial está “totalmente indignada” y exige tomar medidas y actuar. Alguna de las asociaciones de jueces, como la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se está mostrando algo más cauta y pide tranquilidad ante una posible huelga, postura no compartida con la progresista Jueces para la Democracia (JpD), que no descarta esta medida de presión. Sin embargo, la decisión no va a ser de las asociaciones sino de las Juntas que se celebren en septiembre, como ocurrió en la primera huelga. Entre todas, se pactará un texto y se actuará en consecuencia.
La anterior huelga le costó el cargo a Fernández Bermejo. Uno de los principales reclamos de los jueces es la modernización de la Justicia, que agilice su trabajo y se coordinen las decisiones entre todos los juzgados y audiencias de toda España. La famosa oficina judicial iba a aliviar estos problemas, y sin embargo ha resultado ser un fiasco, entre otras cosas porque han instalado sistemas informáticos incompatibles entre comunidades autónomas. Se trata de una patata caliente en manos de Ruiz Gallardón, que con las tensiones en la carrera judicial a flor de piel, puede estallarle en cualquier momento.
Las asociaciones reclaman que el titular de Justicia se siente con ellas y negocie algunos de los recortes planteados por el Ejecutivo. De no ser así, las consecuencias serán más graves. A toda esta situación, se añade la decisión del Ministerio del Interior de retirar las escoltas a los jueces, magistrados y fiscales de órganos delicados por los tipos de asuntos que tratan como la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y una rebaja significativa en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y de Navarra.
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