Como ya informamos el pasado dia 7 de mayo se celebro la Conferencia Sectorialla Web del Ministerio de Justicia que os pasamos:
Ruiz-Gallardón reactiva los acuerdos con el CGPJ para lograr la interconexión entre juzgados Justicia y Consejo coordinarán la inspección de los órganos judiciales, la estadística judicial y las plataformas para hacer exhortos y embargos
El ministro propone a las Comunidades Autónomas desarrollar un lenguaje informático común compatible con todos los sistemas procesales.
Ruiz-Gallardón reactiva los acuerdos con el CGPJ para lograr la interconexión entre juzgados Justicia y Consejo coordinarán la inspección de los órganos judiciales, la estadística judicial y las plataformas para hacer exhortos y embargos
El ministro propone a las Comunidades Autónomas desarrollar un lenguaje informático común compatible con todos los sistemas procesales.
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han reactivado hoy, durante la Conferencia Sectorial que se ha celebrado en el Palacio de Parcent, su colaboración en materia tecnológica, mediante la firma de varios acuerdos encaminados a facilitar la interoperabilidad entre los distintos sistemas informáticos con los que cuenta la Administración de Justicia.
El ministro ha hecho partícipes de ese acuerdo a las Comunidades Autónomas, que, durante el encuentro, se han comprometido a compartir las aplicaciones más desarrolladas por sus respectivos sistemas de gestión procesal para así contribuir a la tan ansiada interconexión entre juzgados.
No es la primera vez que desde Justicia se anuncian planes para lograr la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de gestión procesal de las CCAA. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, ahora contamos con avances tecnológicos que permiten crear una base de información común entre todos ellos a través de un mismo lenguaje informático. Los datos relevantes que deben ser comunicados entre los distintos juzgados se traducirán a ese lenguaje único para facilitar su acceso desde cualquier sistema.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, propuso ayer a las comunidades autónomas que el Gobierno central se haga cargo del coste íntegro de la asistencia jurídica gratuita. A cambio, ambas Administraciones compartirían una “gestión coordinada” del servicio (ahora la gestión es autonómica en 12 de las 17 comunidades) y establecerían sistemas de “control” para “evitar el fraude”.
Gallardón ya había anunciado, cuando el Gobierno subió hace un mes las tasas judiciales —duplicando las tarifas y extendiéndolas al conjunto de la población—, que ese dinero se destinaría a financiar la justicia gratuita. Ayer puso la idea sobre la mesa durante la conferencia sectorial con los consejeros autonómicos. La propuesta es esta: el ministerio usaría los 300 millones que espera recaudar con las tasas a pagar, directamente, a los abogados de oficio de toda España. Así, el dinero que ahora gastan las comunidades en ese servicio podrían emplearlo “para otras cosas” en materia de justicia.
En realidad, las comunidades financian ahora la asistencia gratuita en parte con sus propios presupuestos y en parte con fondos estatales a través del sistema de financiación autonómica, así que Gallardón les advirtió de que, “para evitar una doble financiación”, tendrían que devolver un porcentaje —el 75%, matizaron luego fuentes del ministerio— de la partida que les llega cada año por ese sistema. Se ahorrarían, por tanto, un 25%: eso es lo que podrían destinar a “otras cosas”.
Al mismo tiempo, se crearía una mesa de trabajo de ministerio y autonomías que, en un plazo de dos meses, trataría de consensuar un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita. Sin arrebatar a las comunidades la competencia, pero estableciendo una “gestión coordinada”, según la nota de prensa del ministerio.
¿Y cómo sería ese nuevo modelo? El ministro subrayó que “todos los ciudadanos sin recursos van a mantener el derecho a la justicia gratuita”, y que “no se va a modificar el umbral de acceso”, es decir, los requisitos de renta —aproximadamente, un máximo de 13.000 euros anuales de ingresos por unidad familiar— para tener derecho a ella. Pero si el objetivo es “evitar abusos”, parece evidente que habrá restricciones.
Por otro lado, Gallardón garantizó ayer a los consejeros que no llevará al Consejo de Ministros la nueva Ley de Demarcación y Planta —que reducirá previsiblemente el número de partidos judiciales y agrupará juzgados, lo que podría poner en pie de guerra a muchos pequeños Ayuntamientos— sin realizar antes una “consulta previa y bilateral” con cada comunidad autónoma.
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