El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado, ayer, una propuesta con los principios y criterios para el establecimiento de una nueva demarcación judicial; esto es, para el diseño de un nuevo mapa judicial que satisfaga las necesidades de una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus deberes, propia del siglo XXI, de la que ya os dimos cumplida informacion.
Segun informacion del propio CGPJ, la propuesta tiene una vocación marcadamente provisional. Se dirige a iniciar un proceso de debate sobre una cuestión cuya importancia exige un sosegado análisis y la participación de todos los interesados con el fin de lograr el resultado que mejor satisfaga los intereses del justiciable y que podrían coincidir -o no- con el diseño que se esboza. El Consejo ha abordado el estudio en el ejercicio pleno de sus funciones constitucionales. Pero la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales.
El objetivo es mejorar la calidad de la Justicia , con el acceso en condiciones de igualdad a todos los servicios demandados en una sociedad moderna de los Juzgados y Tribunales: con jueces especializados, forenses, gabinetes psico-sociales, Puntos de Encuentro Familiar, Servicios de Atención a la Víctima , Unidades de Valoración de Riesgo para las víctimas de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, Unidades de Policía Judicial, Servicios de Atención al Ciudadano...
Los principios y criterios para el diseño del nuevo mapa de partidos judiciales se basan en la concentración de recursos, la racionalización del trabajo, la especialización como presupuesto inicial para una Justicia de calidad, la colegiación de asuntos y la apuesta por una justicia titular y profesional.
El partido judicial es la unidad territorial para la administración de justicia integrada por uno o varios municipios. La distribución territorial actual impide que haya juzgados y servicios especializados en todos los partidos judiciales. Los partidos judiciales abarcan un radio de 15 kilómetros , por lo habitual, y 50.000 habitantes. Se propone aumentar esta área, para que abarque 100.000 habitantes y con el límite de que no se tarde más de una hora de viaje hasta la cabeza del partido judicial con las infraestructuras existentes.
De esta forma, se distribuirían los recursos humanos y materiales existentes y se implantaría una organización colegiada de los Juzgados, de modo que todos ciudadanos reciban la misma atención especializada, vivan donde vivan.
La propuesta de nuevo mapa mantiene los juzgados actuales y amplía las áreas judiciales para que los juzgados abarquen un territorio más amplio y poder así dar un servicio especializado al ciudadano.
Así, pone como ejemplo que en algunos lugares la reordenación pasará por el mantenimiento de las infraestructuras en los partidos: en algunos podrán permanecer los órganos penales y en otros los civiles; y en otros en los que el volumen de litigiosidad no justifique el mantenimiento del juzgado "en bloque", se podrá valorar la existencia de una "oficina de presentación de escritos o de realización de diligencias". En otros casos, se sustituirán por oficinas que permitan la práctica de declaraciones y diligencias periciales mediante videoconferencia. En otros será el juez el que se desplace a estas sedes y, en última instancia, el documento admite que podrá producirse la "simple desaparición" del partido.
El modelo plantea que las circunscripciones que salgan de esta reorganización tengan una población superior a los 100.000 habitantes y en las que el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no exceda de una hora a través de las vías de comunicación existentes. En el caso de Cádiz, con el actual modelo, sólo cuatro de los 14 partidos judiciales -Algeciras, Cádiz, Chiclana y Jerez- cumplen ahora este requisito. Aunque el CGPJ no se pronuncia sobre cuáles serían las cabeceras de los cinco nuevos partidos judiciales -algo que correspondería decidir al Ministerio de Justicia-, las mismas podrían corresponder a Cádiz (que incluiría a los órganos judiciales de San Fernando y Puerto Real), Chiclana (que sumaría los de Barbate), El Puerto (que asumiría la carga judicial proveniente de los partidos judiciales de Sanlúcar y Rota), Algeciras (que aglutinaría todo el Campo de Gibraltar) y Jerez (que sumaría toda la Sierra ).
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