REDUCCION PARTIDOS JUDICIALES EN CADIZ

El Pleno del CGPJ aprobó el pasado 19 de abril la propuesta del proyecto de bases para una nueva demarcación judicial. El proyecto propone la reducción de los partidos judiciales de los 431 existentes actuales a 199 a nivel nacional, de 85 a 29 en la Comunidad Autónoma y de 14  a 5 partidos judiciales en nuestra provincia. El criterio general según el mismo es que cada partido judicial o circunscripción debe tener más de 100.000 habitantes, que son el doble que ahora, y que las cabeceras no deben estar alejadas de los usuarios a más de una hora de trayecto. Asimismo sugiere que en cada partido se concentren “un mínimo de ocho juzgados”. De aplicarse este criterio, supondría la desaparición de aquellos partidos judiciales que cuentan con tan sólo un Juzgado y la agrupación de los mismos en entidades superiores, viéndose privados los ciudadanos de un acceso a la Administración de Justicia en condiciones de igualdad con las grandes poblaciones. Habría que recordarles a los responsables del CGPJ la Carta de Derechos al Ciudadano (aprobada por unanimidad por el pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002), donde dice “ El derecho del ciudadano a que su comparecencia personal ante el órgano judicial resulte lo menos gravosa posible”. ¿Acaso esta agrupación de partidos judiciales no agravaría la situación de las personas para acudir a las sedes judiciales, obligándoles a realizar  desplazamientos dependiendo de los medios de comunicación desde su localidad a la sede del juzgado?

Desde SPJ-USO entendemos que con esta medida se limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, creando ciudadanos de primera y de segunda con respecto a la Justicia dependiendo del lugar de residencia.

Asimismo, y en lo que respecta a los funcionarios que prestan servicios en juzgados y tribunales (jueces, secretarios, gestores, tramitadores, auxiliares de justicia y forenses) la agrupación de partidos judiciales supondría un retroceso en aspectos importantes tales como la conciliación de la vida familiar y laboral. ¿Cómo van a compaginar ambos aspectos de la vida los empleados públicos cuyo centro de trabajo pase a estar a una hora de trayecto? Desde luego, entendemos que no se han ponderado lo suficiente  las consecuencias de esta agrupación de partidos.

Por lo dicho, SPJ-USO se opone rotundamente a esta agrupación, más aún teniendo en cuenta que las actuales sedes judiciales están saturadas y no pueden ser objeto de ampliación (al menos a corto plazo). Esto obligará a contratar nuevas sedes para incluir los órganos judiciales que se sumen a un partido judicial concreto, por lo que el ahorro sería cuando menos discutible.

Una solución sería la agrupación “virtual” de partidos judiciales, lo que sin duda podrían permitir las nuevas tecnologías, pero es algo que habría que estudiar detenidamente para analizar los pros y los contras. Algo similar se ha hecho con los Registros Civiles, que han sido agrupados en un registro único para todo el territorio nacional, conectado telemáticamente, pero con distintas oficinas presénciales de atención al ciudadano, pudiendo éste acudir a cualquiera de ellas para realizar su trámite. ¿No podría, mutatis mutandis, trasladarse esto a la Administración de Justicia?

La crisis no puede suponer una excusa para recortar derechos a los ciudadanos ni a los trabajadores, más aún cuando existen posibles soluciones que ni siquiera han sido puestas encima de la mesa.