La constatación de la situación en que se encuentra la “primera fase de implantación de la Nueva Oficina Judicial” emprendida por el Ministerio de Justicia, y la renuncia a proseguirla en otras ciudades de su territorio de gestión como Palma de Mallorca, constituye la mejor prueba del deficiente diseño, la imprudente política de aplicación, la ausencia de medios y previsiones, así como la falta de auténtica voluntad para lograr un modelo de oficina judicial medianamente idóneo para el Estado de Derecho que proclama nuestra Constitución.
Instalaciones inadecuadas, aplicaciones informáticas inacabadas e ineficientes, falta de inversión para incrementar las insuficientes plantillas actuales, aumento innecesario de la burocracia, descontrol de procedimientos y trámites, indefinición de tareas y falta de concreción de los puestos de trabajo, pérdida notable de la independencia del poder judicial, etc.… son consecuencias inevitables de unos proyectos que no han contado con el grado de consenso necesario para poner en práctica cambios de tan enorme calado.
El pacto del Ministerio de Justicia sólo con tres sindicatos a finales de 2009, en orden a implantar una mayor indefinición de los destinos y tareas de los funcionarios judiciales, no ha bastado para suplir la inaceptable falta de diálogo y concertación que ha movido la actuación del Ministerio de Justicia en esta materia. Por ello, SPJ-USO exige ahora a la Administración Autonómica que aprenda de los graves errores cometidos y que no intente aplicar algo que, hoy por hoy, con tales mimbres, resulta completamente inviable. Mejorar la Administración de Justicia, ¡sí y de forma urgente! Pero experimentos fallidos, resérvenlos Udes. para el laboratorio y no hagan que los ciudadanos ni los empleados públicos los tengamos que sufrir ¡Por favor, hagan las cosas bien, prudentemente, dialogando con todos y cuando cuenten con los recursos suficientes…!
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