La
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluirá un incremento
del número de personas con discapacidad que podrán trabajar como
funcionarios de la Administración de Justicia. El PP ha introducido una
enmienda de última hora en la norma que eleva de un 5 a un 7% el cupo y
concreta que, de ese porcentaje, se reserva un 2% a aquellas personas
con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ya
registró en el plazo de presentación de enmiendas parciales otra
previsión, en este caso para que los magistrados que aspiren a una plaza
en un Juzgado de Menores tengan que contar además de su preparación
específica, con formación especializada en violencia de género antes de
poder tomar posesión del cargo.
En las 60 modificaciones
que ha sufrido el texto durante su tramitación parlamentaria en la
cámara baja, el partido del Gobierno ha incluído, además, la posibilidad
de que los médicos forenses realicen "pericias" por encargo de
particulares y establece que los autos y expedientes de procedimientos
cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde
que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a
la causa.
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