La Justicia en Málaga, ensalzada por jueces y suspendida por abogados

El libro 'Qué hacer con España', de César Molinas, propone una catarsis colectiva al país y teoriza sobre sus males

josé antonio sau 07.09.2014 | 05:00

 

La justicia no se salva. ¿Aprueba el servicio en Málaga? Los abogados la suspenden, los funcionarios le dan un cinco y los jueces suben más la nota. El ciudadano, sin embargo, guarda silencio

«La lentitud, la descoordinación y el desgobierno de la Administración de Justicia anulan en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce a los españoles. ¿De qué le sirve a uno la sentencia favorable cuando diez o veinte años más tarde de recurrir a la justicia, ya se ha muerto de viejo?». Así empieza el prestigioso economista César Molinas el capítulo dedicado a la justicia de su libro Qué hacer con España, en el que tras una crítica desoladora al devenir histórico del país desde el mismo momento en que perdió el tren del progreso, propone una reforma a fondo de todas sus estructuras administrativas y la refundación de un Estado viejo y agotado al que la crisis le ha sacado los colores. Pero, ¿cómo ven la justicia malagueña sus protagonistas? ¿Se han puesto ante el espejo? ¿Qué imagen les devuelve? La cosa va por barrios: los jueces valoran su independencia y le dan una buena nota; los funcionarios le dan un aprobado raspado y los abogados la suspenden. El ciudadano, mientras, calla. Lo dicen las quejas: sólo trece de ellos ponen cada año una ante la Audiencia Provincial.
Cualquiera que hable con un operador jurídico llegará a la conclusión de que la falta de medios humanos y materiales es endémica en la justicia española. Eso es así. No es una opinión, sino una realidad. Un axioma. Para Molinas, sin embargo, no es la falta de dinero la que explica los males. «Si el mal funcionamiento fuese solamente un problema de dinero es muy probable que ya estuviese subsanado», dice. Para él se trata de que no se gestiona bien lo que se tiene y hay una excesiva politización. Punto. Como ocurre en la política, a cuyos representantes ha retratado con cierto tino y valentía como una clase extractiva que se perpetúa en el poder a base de crear burbujas –la inmobiliaria, por ejemplo– para seguir manteniéndose como un recurso indispensable.
Molinas viene a proponer varias cosas: la primera, reducir drásticamente las disposiciones legales existentes, de baja calidad –según él– y nada claras, lo que hace que los ciudadanos se tengan que ir a litigar a la primera de cambio. Lo segundo, modernizar informáticamente la justicia y lo tercero, acabar con su politización. Quitar de enmedio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los partidos no metan mano, y hacer que los ascensos de jueces a órganos colegiados se lleven a cabo por una especie de lotería de tal forma que no haya cambio de cromos. También propone que en la carrera se evalúe a los jueces no sólo por el número de sentencias que dictan en un tiempo, sino por la cifra de éstas que no les echan para atrás sus superiores. Ello, combinado con una cierta experiencia, sería la base de su escalafón, de sus ascensos y descensos.

Independencia versus horario
Molinas pone como ejemplo de la peculiaridad del sistema que los jueces aducen que son independientes y, por tanto, nadie les puede controlar el horario. Además, recalca que hay muchos más funcionarios en España (87 por cada 100.000 habitantes) que en Francia (32) o Alemania (66). Y concluye: «Parafraseando a Churchill, puede afirmarse que nunca tantos hicieron tan poco en tanto tiempo».
Lo que se dice sotto voce en muchos corrillos lo que refleja Molinas abiertamente es que la ciudadanía piensa que los jueces sólo aparecen por el juzgado de lunes a jueves y de nueve de la mañana a dos de la tarde para los juicios. Es la tristemente célebre semana hawaiana que puso de moda Carlos Dívar, expresidente del Poder Judicial. Antonio Alcalá, presidente de la Audiencia Provincial, rebate ese pensamiento: «Es un mito que el juez no vaya al juzgado. Un juez llega a las siete u ocho de la mañana y se va a las tres de la tarde. El horario es insuficiente. No somos funcionarios, tenemos que poner sentencias y para ello hace falta reflexión. Echamos muchas horas en casa. Estudias el asunto y lo tienes que redactar. Muchas veces la idea, la solución te asalta en el supermercado. Se necesita mucho tiempo para poner sentencias».

La reflexión antes de la sentencia
Las sentencias no son churros, viene a decir Alcalá. Y recuerda que al que no las fundamenta bien se le puede abrir hasta un expediente disciplinario. «Un juez no tiene por qué estar 24 horas en el juzgado, sino dándole vueltas a la cabeza», apunta. Pone como ejemplo la del caso Malaya, que se elaboró en 16 meses y alcanzó los seis mil folios. «Eso no lo puedes hacer en el juzgado», ironiza.
En cuanto al criterio cualitativo que propone Molinas, Alcalá asegura que ocho de cada diez sentencias son confirmadas, y el resto es necesario para crear jurisprudencia. «Es necesario echar para atrás sentencias porque la sociedad evoluciona, no podemos aplicar el derecho del siglo XIX. Innovamos, y a veces la innovación no puede ser compartida por los compañeros. No se trata de corporativismo». Sobre el horario, insiste: «No se debe controlar a los jueces, deben tener libertad absoluta».
En relación a la forma de acceder a los tribunales colegiados, Alcalá asegura que no existe mercadeo, «la mayor parte va por escalafón, y hay oposiciones internas para especialistas. Lo que necesitamos es que todos los medios y el dinero vayan al Poder Judicial y desaparezca la intromisión política», lo que ocurriría si los jueces pudieran elegir a sus doce vocales, y no, como hasta ahora, que son seleccionados por el Congreso y el Senado. «Lo de la lotería para acceder a los órganos colegiados es un disparate. Para llegar al Supremo hay que tener un mínimo de 15 años de experiencia», apunta, al tiempo que defiende la relación entre jueces y secretarios. Ahora, recuerda, se va a eso, al juez que ponga sentencias y al secretario que será el gerente del juzgado.
Málaga, en cualquier caso, escapa a la realidad del resto del país. Se le llama la pequeña Audiencia Nacional y es la provincia cuyos ciudadanos más acuden al juzgado de toda España. En concreto, hay 251,6 casos por cada mil habitantes, más que en Madrid, Sevilla o Barcelona –es una medida proporcional–. Los periodos de resolución varian mucho: en Mercantil 1, el órgano más saturado del país, algunos concursos llevan tramitándose cinco años; en las secciones civiles de la Audiencia, se tarda dos años en contestar un recurso y algunos juzgados de lo Penal están señalando juicios para 2015 y 2016, amén de arrastrar muchísimas sentencias sin ejecutar.
Alcalá también saca la cara por los funcionarios. «No hay fraude y la Junta los controla mucho», precisa. Los que fichan y se van a desayunar una hora representan casos anecdóticos», añade.
Adriano Moreno, secretario de Organización de SPJ-USO Andalucía, le da un aprobado raspado a la justicia malagueña. «Picaresca no existe. Los funcionarios tenemos un calendario laboral que se nos ha incrementado hasta las 37,5 horas semanales. Debemos fichar a la entrada y a la salida, y nos controlan con inspecciones presenciales y telefónicas. Sólo nosotros tenemos sistema de control. Ni los jueces ni los secretarios lo tienen. Eso no pasa en ninguna administración», precisa. Él lo achaca todo a la falta de medios, y, como Molinas, a la ley.

Una ley muy farragosa
«Hay procedimientos muy farragosos, tediosos, en muchos aspectos somos demasiado garantistas, y lo que aquí se resuelve en un año en Francia se despacha en seis meses», apunta. Recuerda que no se crean juzgados en la provincia desde 2008, y que la litigiosidad, por la enorme masa de población flotante, es altísima. «Con tanta carga de trabajo se hace más que en otras provincias, pero entra tanto que es imposible estar a cero», precisa.
Moreno llama la atención sobre el hecho de que el consejo debería tomarse más en serio las inspecciones y no avisar con un mes de antelación para que el juzgado se ponga al día. «Muchos jueces echan muchas horas en su casa, pero creemos que son los primeros que deberían estar interesados en que se les controle el horario», apunta.
Una de las tesis de Molinas es que hay muchos funcionarios: en Málaga, concretamente, en justicia hay 1.800, poco menos de 1.600 en la Ciudad de la Justicia, de los que 122 son jueces y magistrados.
El responsable del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) en la capital, Juan Antonio Luque, recuerda que existe un régimen disciplinario muy duro, más que el de los jueces y secretarios, para los funcionarios, de tal forma que por una falta muy grave, como extraviar documentos que puedan publicarse, conlleva la expulsión de la carrera. «Hay jueces que denuncian a los funcionarios porque no hacen su labor y se les abren expedientes», precisa.

«No hay calidad sin rapidez»
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, le coloca a la justicia malagueña un suspenso. Sólo llegan a la Audiencia Provincial 13 quejas de ciudadanos por año, la mayor parte de las veces porque su caso se ha retrasado. Lara asegura que no llegan más porque la gente se queja con los abogados. «Yo tengo ahora dos señalamientos de Mercantil, uno para febrero y otro para junio de 2016, y hablo de la audiencia previa», apunta. Un caso penal, apunta, desde que sale de su instrucción y llega a un órgano penal se retrasa seis u ocho meses, «y las instrucciones duran tres o cuatro años de media. En Civil la Audiencia tarda dos años en resolver un recurso, y he tenido casos penales de seis años, desde las detenciones al juicio», aclara.
En su opinión, las resoluciones judiciales de los togados malagueños sí tienen calidad, pero «no la hay cuando el fallo se demora mucho». Critica que no hay conexión telemática entre juzgados, algo incomprensible si se tiene en cuenta que Hacienda, por ejemplo, es muy eficaz en el vector tecnológico. Además, «la Fiscalía no está en los partidos judiciales, los procedimientos viajan del partido a Málaga y viceversa para que el fiscal informe», y se queja de las suspensiones cinco minutos antes de que empieza el juicio, de las «faltas de respeto de algunos jueces a los letrados» o de que se señalen vistas desde las nueve a las dos cada media hora para luego suspender porque no se ha citado a nadie. «¿Tan difícil es comprobar la tarde antes que está todo el mundo citado?», arguye. «Hay falta de medios, pero se podrían optimizar más los que tienen», concluye.

Fuente: La opinión edición digital Málaga, para ver la noticia pincha aqui