Publicado en http://www.lavozdegalicia.es/
Los profesionales celebrarán el viernes juntas, por
primera vez de forma conjunta, para decidir medidas de presión
La semana que entra comienza oficialmente el curso judicial,
que este año se presenta como uno de los más movidos de la historia reciente de
este país. La cuenta atrás comenzará el martes a las 12 de la mañana en el
salón noble del Tribunal Supremo con el solemne acto de apertura del año
judicial. Los discursos correrán por cuenta del fiscal general del Estado y del
nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Es más que probable que sean amenizados desde el exterior, desde los jardines
de la Plaza de la Villa, por una ruidosa
manifestación de funcionarios judiciales.
El eco de esos discursos en los oídos del Gobierno se
convertirá en el referente de los diferentes cónclaves judiciales convocados
para tres días más tarde a lo largo y ancho del territorio español, a los que
por primera vez acudirán de forma conjunta jueces y fiscales. No se espera que
vayan a calmar los ánimos, pero sí pueden servir para atizar el fuego.
Convocatoria conjunta
La convocatoria fue lanzada por una comisión de jueces y
fiscales que a mediados del pasado mes de julio hizo público un durísimo
comunicado conjunto contra las reformas anunciadas por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, al que le exigían que las paralizase.
El programa de medidas de presión que puede salir de esas
juntas del viernes, según anticiparon, será gradual. Podría empezar con
concentraciones en las puertas de las sedes judiciales, seguir con suspensiones
de señalamientos y juicios acabar con paros parciales.
La convocatoria de una nueva huelga, como la que le montaron
el 18 de febrero del 2009 al ministro socialista Fernández Bermejo, que fue
secundada por un 25 % de los jueces y que no contaba con el respaldo de la
asociación mayoritaria, será «el último recurso». Las distintas fuentes
judiciales consultadas no la descartan, pero la ven como poco probable, al
menos de momento. «Hay que seguir acumulando agravios, pero lo que vaya a salir
de las juntas del día 21 es imprevisible», señaló un cualificado directivo de
una de las asociaciones de jueces convocantes.
Las mismas fuentes han reconocido que los ánimos están un
poco más tranquilos que hace un par de meses, cuando, aprovechando la crisis
provocada en el seno del CGPJ por el escándalo de los viajes de Carlos Dívar, Ruiz
Gallardón lanzó el órdago de la reforma del órgano de gobierno de los jueces
con el que consiguió una reacción unánime sin precedentes en el seno del mundo
judicial.
Más trabajo y menos sueldo
La ofensiva reformista del exalcalde madrileño, que se
interpretó casi de forma unánime como un ataque directo a la independencia
judicial, no hizo más que colmar la paciencia de un colectivo que tiene la
consideración de tercer poder del Estado y que se siente especialmente
agraviado porque ha visto incrementar día día su carga de trabajo para paliar
las carencias de una administración judicial obsoleta, mientras el Gobierno de
turno le rebaja los sueldos, como al resto de los funcionarios. El otoño
judicial caliente está a punto de empezar.
Moliner, firme pero dialogante
Una de las principales novedades que registra el agitado
panorama judicial desde que estalló la crisis es la llegada a la presidencia
del CGPJ de Gonzalo Moliner. El sustituto de Carlos Dívar, que lograron
consensuar mayoritariamente los 20 vocales del Consejo, paradójicamente contra
la voluntad de equipo ministerial que dirige Gallardón, es un magistrado con un
claro perfil progresista, con talante dialogante, pero con criterio propio, que
no va a refrendar de forma incondicional las iniciativas que lleguen del
misterio. La pérdida de poder en el seno del Consejo del núcleo duro liderado
por Margarita Robles y Manuel Almenar también ha contribuido de forma
determinante a la reanudación del diálogo.
Tres temas abiertos conflictivos
La reforma del CGPJ, el gran caballo de batalla, se juega
a tres bandas
De la interminable batería de reformas judiciales lanzadas
por Alberto Ruiz-Gallardón desde su llegada a Justicia hay tres que son las más
conflictivas y las que, según fuentes judiciales consultadas, pueden llegar al
Congreso la próxima primavera.
Ley Orgánica del Poder Judicial.
De cumplirse los compromisos electorales del actual
Gobierno, incluiría como principal cambio la elección de los vocales del
Consejo por los jueces y no por el Congreso, como ocurre tras la reforma de 1985. A este cambio se
opone radicalmente el primer partido de la oposición, por lo que Gallardón ya
ha recogido velas y está dispuesto a ceder en eso a cambio de un apoyo al
grueso de la propuesta del comité de expertos que incluye una reorganización
interna del Consejo, que quedaría con un número reducido de vocales con
dedicación exclusiva. Este proyecto tropieza con el rechazo generalizado de la
judicatura, que entiende que vaciaría el CGPJ de sus principales competencias y
lo convertiría en un negociado más del Ministerio de Justicia. Por eso, la
negociación ha de ser a tres bandas
Ley de planta. Incluirá una reducción drástica del
numero actual de partidos judiciales. Si la propuesta que en tal sentido lanzó
hace meses el Consejo provocó un gran rechazo entre los funcionarios y los
ayuntamientos afectados, la nueva que baraja la comisión de expertos del
ministerio es todavía más radical, ya que prevé la concentración de los órganos
judiciales en las capitales de provincia o en grandes núcleos de población. El
bálsamo que prepara Gallardón para calmar los ánimos entre los potenciales
damnificados es convertir las actuales cabezas de partido judicial en juzgados
de proximidad para temas menores.
Ley de Enjuiciamiento Criminal. El punto más
conflictivo que tendrá que abordar es el del pase de la instrucción del juez al
fiscal. Para amortiguar sus efectos, podría ser aprobada el año que viene con
un período de vacatio legis -aplazamiento de la entrada en vigor- de varios
años.
Publicado el 16/09/2012 en http://www.lavozdegalicia.es
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