El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con los
dirigentes de los sindicatos con representación en la Administración de
Justicia. Durante la reunión, se ha abordado la necesidad de analizar en
profundidad la situación de los diferentes colectivos, como los
secretarios judiciales, el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, o
el de Auxilio Judicial.
El ministro ha reiterado su voluntad de que los destinatarios de las
medidas sean parte del proceso de reforma, por lo que los sindicatos son
unos interlocutores clave para conseguir el éxito.
El responsable de la cartera de Justicia también ha querido destacar que
el actual escenario es muy diferente al de años anteriores, en que se
tuvieron que adoptar medidas excepcionales de esfuerzo a todos los
empleados públicos. En concreto, en la medida en que la evolución
económica lo permita, y de acuerdo con los compromisos internacionales
adquiridos en materia de control del déficit, ha anunciado la voluntad
de avanzar en la dirección de compensar a los trabajadores por este
esfuerzo, y ha puesto como ejemplo la intención del Gobierno de devolver
la paga extra de navidad de 2012.
Cumplir el preacuerdo de julio
En este sentido, Catalá ha expresado su voluntad de que el texto de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) incorpore el contenido del
preacuerdo alcanzado con los principales sindicatos el pasado 10 de
julio.
Entre los principales aspectos contemplados en ese documento se
encuentra el reconocimiento de la promoción interna, siempre que no haya
oferta público de empleo o el número de plazas convocadas sea reducido.
Se establecerá una antigüedad mínima de dos años para participar en
dichos procesos que suponen la posibilidad de desarrollar una carrera
profesional dentro de la Administración de Justicia.
Otra novedad será la creación de un escalafón propio para cada uno de
los Cuerpos que conforman el personal al servicio de la Administración
de Justicia. También se otorgará a los miembros del Cuerpo de Gestión
Procesal el carácter de agente de la autoridad a la hora de documentar
los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.
Asimismo, se reconocerá expresamente al personal al servicio de la
Administración de Justicia que ejerza funciones dirigidas a la
protección y asistencia a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones
de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
Otros avances son el reconocimiento de una extensa lista de centros de
destino vinculados al municipio; o el mantenimiento de Juzgados de paz,
cuya función será reforzar la presencia de la Administración de Justicia
como servicio público cercano a los ciudadanos.
Registro Civil
También ha explicado el nuevo modelo de Registro Civil, recalcando ante
los representantes sindicales que es una propuesta que no destruye
empleo. Asimismo, ha asumido el compromiso de garantizar que en aquellas
comunidades autónomas gestionadas por el Ministerio no se destruirá un
solo puesto de trabajo como consecuencia de la reforma del Registro
Civil. Todos, funcionarios e interinos, conservarán su empleo. El único
cambio será que todo ese personal pasará a realizar funciones
estrictamente jurisdiccionales, lo que ayudará a la descongestión de la
Justicia.
Oficina Judicial y Nuevas Tecnologías
Por último, el ministro ha expuesto ante los miembros de la mesa
sindical que es preciso explorar nuevos sistema de organización y
trabajo, en los que prime la eficacia en la gestión. Vinculado a ese
objetivo, ha renovado su apuesta por la implantación de la Oficina
Judicial y por el uso intensivo de las nuevas tecnologías.
El Ministerio se ha comprometido a la constitución de diversos grupos de
trabajo para mantener un contacto permanente con los representantes de
los trabajadores para analizar diferentes materias tales como la
implantación de la nueva Oficina Judicial, cuestiones generales
relativas al empleo público, la LOPJ y el Registro Civil.
